Finalmente, la Comisión de Garantías Constitucionales aprobó este 5 de noviembre el informe no vinculante que dará inicio a la investigación del caso denominado “Pandora Papers”, de acuerdo a lo requerido por el Pleno de la Asamblea Nacional. Durante la sesión fueron 6 los votos a favor, dos en contra y una abstención.
Es así que, con el objetivo de proceder acorde con sus competencias constitucionales y legales, La mesa legislativa recomienda enviar el informe a las instituciones del Servicio de Rentas Internas (SRI), la Fiscalía, la Contraloría General del Estado y la Superintendencia de Bancos.
En el informe la comisión establece 8 recomendaciones, entre ellas, que el Pleno del Legislativo verifique el quebrantamiento por parte del presidente Guillermo Lasso al Pacto Ético aprobado en el año 2017, en el que se prohibió terminantemente poseer bienes o capitales en paraísos fiscales, y la Ley Orgánica de Aplicación de la Consulta Popular, lo que configura el incumplimiento constitucional dispuesto en el artículo 130 numeral 2 de la Constitución.
Así mismo, se sugiere que el presidente de la República comparezca ante el Pleno de la Asamblea Nacional en 8 días máximo para que entregue la información solicitada y, en conformidad con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, levante la reserva de toda la información circunspecta por instituciones del Estados y relacionada con transacciones, patrimonios e investigaciones en vinculación con Guillermo Lasso Mendoza y otras personas.
De igual forma, el Pleno deberá informar a todos los organismos estatales que el Primer Mandatario tiene públicamente y por escrito anunciando el abandono de la confidencialidad de sus cuentas. En este sentido, todas las agencias estatales tienen 48 horas para presentar información a la Asamblea Nacional.
Además, se insta al Poder Ejecutivo y al Tribunal Constitucional a acelerar el proceso de aprobación del acuerdo de intercambio de información tributaria con Estados Unidos.
El informe concluye que de conformidad con el artículo 131 de la Constitución se proceda al enjuiciamiento político de las autoridades que no comparecieron o no facilitaron información requerida por la Comisión de Garantías Constitucionales dentro del proceso de investigación.
Este informe es el primer paso para delatar a los detractores de nuestras leyes que con sus actos mienten, engañan y perjudican el desarrollo del país, puesto que los paraísos fiscales facilitan estructuras que afectan los intereses económicos y tributarios del Estado, logrando así la evasión de impuestos que se traduce en inactividad, falta de obras, pobreza y la vulneración de nuestros compatriotas más necesitados.
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